Por proteger a migrantes Trump entra en ‘guerra’ con California

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El gobierno de Donald Trump ha abierto un nuevo frente de confrontación al declarar abiertamente la guerra a California por su política promigrante. Calificando a los líderes políticos californianos como “radicales que favorecen las fronteras abiertas”, el procurador general, Jeff Sessions, advirtió ayer que usará todo su poder para detener las leyes aprobadas por el gobierno estatal para limitar la colaboración con las autoridades migratorias federales.

En inmediata reacción, el gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, prometió que se defenderán ante la Justicia de Sessions y de la demanda que el gobierno de Trump interpuso el martes por la noche en contra de tres leyes migratorias de su estado.

“La demanda muestra el deseo de Trump de declarar la guerra a California para satisfacer a la parte más radical de su base electoral que quiere medidas más duras contra el estado, hogar de más de dos millones de inmigrantes indocumentados” dijo mientras Sessions pronunciaba un discurso ante la Asociación de Agentes de Paz de California en Sacramento.

“El gobierno de Trump está lleno de mentirosos”, llegó a decir Brown, en referencia a las personas cercanas al presidente que han sido imputados por el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar los presuntos lazos entre Rusia y miembros de la campaña del republicano para influir en las elecciones de 2016.

En base a esas acusaciones, Brown aseguró que el gobierno de Trump carece de credibilidad y aseguró que las leyes de su estado no ponen en peligro al país, como afirma el Ejecutivo en su demanda.

En concreto, la demanda del gobierno, interpuesta en la corte del distrito este de California, se dirige contra tres leyes “santuario” que el estado aprobó el año pasado para proteger a los inmigrantes y que, a juicio, de la administración de Trump violan la Constitución porque tratan de prevalecer sobre la legislación federal.

También demandó contra las leyes AB-450, que regula el acceso de ICE a los centros de trabajo y la AB-103, que crea un sistema de inspección local de los centros privados de detención.

Vayan a la historia, este asunto está resuelto”, dijo por su parte Sessions. “El rehusarse a arrestar y deportar a los inmigrante ilegales, especialmente el elemento criminal, es un rechazo directo a las leyes y crea un sistema de fronteras abiertas, una idea irracional que los estadounidenses no pueden aceptar”, agregó.

Específicamente, el Fiscal General acusó a la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, por emitir el mes pasado un inusual aviso sobre una operación de los agentes de inmigración en la ciudad. ¿Cómo se atreve?”, dijo.

Varias ciudades y condados se han declarado santuarios de inmigrantes, lo que implica que no cooperan con los agentes migratorios federales para buscar y atrapar inmigrantes indocumentados.

FUENTE: ELFINANCIERO

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